Los data centers representaron alrededor del 50% de todo el crecimiento en demanda eléctrica de EE.UU. en 2025, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). No es una proyección futura: es lo que ya sucedió el año pasado, mientras la industria tecnológica construía la infraestructura que hace funcionar la IA que usas todos los días. Alguien tiene que pagar ese costo — y en gran medida ese alguien eres tú.
El tamaño del problema eléctrico
La demanda eléctrica total de EE.UU. creció 2% en 2025, la segunda tasa más alta desde el año 2000 excluyendo recuperaciones post-recesión, según el reporte global de energía publicado por la IEA en abril. El motor de ese crecimiento no fue la industria ni el transporte eléctrico: fue la construcción masiva de centros de datos para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial.
Para entender la escala: a nivel global, los data centers representaron el 17% del crecimiento en demanda eléctrica mundial en 2025. En EE.UU., ese porcentaje fue del 50%. El país que concentra la mayor parte de la infraestructura de IA del planeta está pagando una prima eléctrica que no tiene equivalente en ninguna otra región. Y la IEA proyecta que esa proporción se mantendrá hasta 2030.
¿Cómo se traduce esto en la factura de un hogar? Las empresas eléctricas de EE.UU. solicitaron más de $30,000 millones en aumentos tarifarios en 2025, afectando a 81 millones de estadounidenses, según un análisis de enero de PowerLines. En total, las facturas de electricidad han subido 40% desde 2021, de acuerdo con el mismo análisis. Varios factores contribuyen a ese aumento — el envejecimiento de la red eléctrica lleva años sumando costos — pero la expansión acelerada de los data centers se ha convertido en el blanco principal de la frustración pública.
El veto que lo dice todo
El 24 de abril, la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, vetó la ley LD 307, que habría sido la primera moratoria estatal de data centers en la historia de EE.UU. La ley aprobaría una pausa en nuevos permisos de construcción para centros de datos hasta noviembre de 2027 y crearía un consejo de 13 personas para estudiar el impacto de la industria.
El veto no fue ideológico. En su carta a la legislatura, Mills escribió que una pausa "sería apropiada dado el impacto de los grandes data centers en otros estados sobre el medio ambiente y las tarifas eléctricas" — y que habría firmado la ley de no haber sido por una excepción que no se incluyó: un proyecto de data center en la ciudad de Jay que, según la gobernadora, cuenta con apoyo local fuerte. En otras palabras, Maine estuvo a una cláusula de convertirse en el primer estado en frenar legalmente la expansión de la infraestructura de IA.
El debate sobre los data centers ya no es tecnológico — es político, electoral y tiene un oponente con cara: la factura de electricidad de millones de hogares.
No es un fenómeno aislado. Según Fortune, la oposición ciudadana bloqueó o retrasó al menos 16 data centers en EE.UU. el año pasado, con un valor combinado de $64,000 millones. Otros estados, incluyendo Nueva York, han considerado moratorias similares. En marzo, legisladores en el Congreso propusieron un endurecimiento regulatorio a nivel federal.
La opinión pública se voltea
Una encuesta de Pew Research publicada en marzo encontró que los estadounidenses tienen más probabilidades de ver negativamente el costo ambiental y energético de los data centers que positivamente sus beneficios económicos locales. Al mismo tiempo, más de la mitad de los estadounidenses esperan que la IA haga más daño que bien en el largo plazo, según una encuesta de Quinnipiac University.
La combinación es peligrosa para la industria: la IA se construyó sobre la narrativa de beneficio universal, pero la infraestructura que la hace funcionar tiene costos muy concretos que se distribuyen de forma desigual. Los data centers se construyen en comunidades que no pidieron ser el centro energético de la revolución tecnológica — y sus residentes ven subir la luz sin haber pedido entrenar ningún modelo.
El ángulo para México y LATAM
La discusión que se está dando en Maine y en el Congreso de EE.UU. llegará a América Latina más rápido de lo que parece. México ya alberga data centers de las principales empresas tecnológicas globales, concentrados principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el Bajío. La expansión continúa: la demanda de infraestructura de nube y de IA en la región creció de forma sostenida en 2024 y 2025.
Lo que no existe todavía en México — ni en la mayoría de países latinoamericanos — es un marco regulatorio equivalente al que está tomando forma en EE.UU. y Europa: uno que exija transparencia sobre el consumo eléctrico de los data centers, que evalúe el impacto sobre las tarifas residenciales, o que otorgue a las comunidades locales alguna voz en las decisiones de ubicación. Cuando esa discusión llegue, y llegará, los ciudadanos de la región estarán negociando sin datos y sin precedentes propios — a diferencia de los estados de EE.UU. que al menos están documentando el problema ahora.
Lo que no desaparece aunque la IA avance
La narrativa de la IA como fuerza imparable tiende a presentar su infraestructura como un costo inevitable del progreso. Pero los datos de la IEA, las facturas de los hogares estadounidenses y el veto de Maine cuentan una historia más específica: la IA tiene costos físicos, geográficamente concentrados, que recaen sobre personas que no tomaron la decisión de construir esa infraestructura ni se benefician directamente de ella.
La pregunta que Maine no pudo responder legalmente — ¿quién decide dónde se construye la infraestructura de IA y quién paga el costo? — es la que el resto del mundo tendrá que responder en los próximos años.
