Querétaro es, hoy, uno de los estados con mayor inversión tecnológica de América Latina y uno de los más afectados por sequía extrema. Ambas cosas son simultáneas, no contradictorias. Y esa simultaneidad es exactamente el problema que nadie en el gobierno ni en las empresas quiere nombrar con precisión.
El valle de los datos, en un desierto que se hace solo
Desde 2020, empresas como Microsoft, Amazon Web Services, Equinix, Aligned Data Centers y Google han apostado fuerte por Querétaro. La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) reporta que el estado ya alberga 15 centros de datos en operación, con otros 16 en construcción y 6 más anunciados. La inversión acumulada supera los 12 mil millones de dólares y se proyecta que la industria represente más del 5% del PIB nacional para 2029.
El atractivo es claro: energía relativamente estable provista por la CFE, proximidad a la Ciudad de México, apoyo institucional de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado y baja probabilidad de desastres naturales. Querétaro fue, además, el primer estado fuera de EE.UU. y Canadá incluido en el Data Centers Global Market Comparison de CBRE en 2021.
Lo que ese ranking no mide es el estado de los acuíferos. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), desde 2015 los cuatro acuíferos principales de la zona están en déficit hídrico. La dependencia recomendó en ese año no otorgar más concesiones. Desde entonces, no han dejado de llegar empresas. El Valle de San Juan del Río —clave para el abastecimiento local— acumula hoy un déficit de casi 57 mil millones de litros. En 2024, el 14.8% de la población del estado no tenía acceso constante a agua potable. En municipios como El Marqués, CONAGUA lo clasifica como zona de sequía extrema.
Querétaro lleva años sin agua suficiente para sus habitantes. Aun así, Microsoft obtuvo concesiones para consumir hasta 600 millones de litros anuales del acuífero en déficit.
¿Cuánta agua consume un centro de datos?
La respuesta honesta es: no se sabe con exactitud, porque las empresas no están obligadas a publicarlo. La investigadora Chris Cameron solicitó esa información a CONAGUA y recibió esta respuesta: "No tenemos esos datos porque no estamos facultados para solicitarlos." Es decir, el Estado mexicano no tiene mecanismos para exigirles a las empresas que reporten su consumo hídrico real.
Lo que sí hay son referencias parciales. Google ha declarado públicamente que un solo centro de datos puede consumir alrededor de 1.7 millones de litros de agua al día para enfriamiento. Los centros de datos de IA —que requieren mayor densidad de cómputo y generan más calor que los convencionales— tienden a consumir más. El secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco del Prete, ha dicho que las "nuevas tecnologías" de enfriamiento reducen el consumo de agua en un 98%, pero no ha presentado evidencia que respalde esa cifra ni ha especificado a qué tecnología se refiere.
La mayor parte de los centros de datos en Querétaro operan dentro de parques industriales, una figura jurídica que los exime de presentar manifestaciones de impacto ambiental. Lorenia Trueba, de la organización Voceras de la Madre Tierra, señaló que el código ambiental del estado obliga a cualquier actividad con posible impacto a presentar esa evaluación, y que la exención no tiene sustento legal. Sus demandas de transparencia ante la Suprema Corte no han recibido respuesta de las empresas ni del gobierno estatal.
El argumento del gobierno y sus contradicciones
La presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido la llegada de los centros de datos como señal de confianza económica en México y los ha descrito como necesarios para avanzar en inteligencia artificial. El gobierno de Querétaro, por su parte, sostiene que culpar a los data centers de la escasez de agua es "simplificar" un problema que precede a su llegada.
Eso es parcialmente cierto: la crisis hídrica en Querétaro viene de décadas de sobreexplotación agrícola e industrial. Pero no resuelve la pregunta central: ¿por qué se siguen otorgando concesiones de agua para industrias de alto consumo en un acuífero ya declarado en déficit desde 2015? Desde 2022, además, una reforma impulsada por el gobernador Mauricio Kuri permite la venta de concesiones de agua entre empresas privadas, convirtiendo el agua en un activo comerciable en lugar de un derecho. Esa reforma no ha sido revertida.
Lo que esto significa para el usuario digital
Cada búsqueda en una IA generativa, cada imagen sintetizada, cada consulta a un modelo de lenguaje tiene un costo computacional que se traduce en calor, y ese calor se disipa con agua. Un estudio de la Universidad de California en Riverside estimó que para 2027 la demanda hídrica global de la IA podría superar la mitad de la extracción anual de agua del Reino Unido. Esa abstracción global tiene una versión local muy concreta: los pozos secos de El Marqués y los apagones de hasta un día completo que reportan vecinos de Viborillas, donde se concentra el mayor número de centros de datos del estado.
La industria de los datos necesita ubicarse en algún lugar. Y Querétaro ofrece condiciones que la hacen atractiva: ubicación, energía, respaldo institucional. Lo que no ofrece —y no ha sabido negociar— es transparencia sobre los costos reales de esa apuesta. Mientras CONAGUA no tenga facultades para exigir reportes de consumo hídrico, mientras los parques industriales sigan exentos de evaluación ambiental y mientras el agua siga siendo un bien comerciable, la pregunta seguirá sin respuesta oficial: ¿cuánta agua cuesta cada respuesta de la IA en México?
La IA se percibe como un servicio limpio, intangible, sin fricción. Su infraestructura real opera en territorios con escasez concreta de agua y con comunidades que llevan años racionando la que les llega.
El camino que falta
Organizaciones como Voceras de la Madre Tierra y la asociación Bajo de Tierra Museo han exigido tres cosas concretas: que todos los centros de datos presenten evaluación de impacto ambiental sin excepción, que las concesiones de agua se publiquen de forma abierta y que CONAGUA tenga facultades reales para auditar el consumo. Ninguna de esas tres demandas ha sido atendida por el gobierno federal ni el estatal hasta hoy.
La paradoja no es exclusiva de México. En Texas, comunidades rurales han rechazado la instalación de centros de datos por sus impactos en el ruido, el suelo y el agua. En Europa, reguladores han comenzado a exigir métricas de consumo hídrico como condición para operar. En Querétaro, el debate todavía está en la etapa de pedir que alguien, al menos, lleve las cuentas.
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