Los datos abiertos no son un tecnicismo burocrático: son la condición mínima para que una democracia pueda auditarse a sí misma. México tuvo durante dos décadas uno de los marcos legales más sólidos de América Latina en transparencia. En marzo de 2025, lo desmanteló.
Qué son los datos abiertos y por qué no es lo mismo que "información pública"
No toda información pública es un dato abierto. La diferencia es técnica y política al mismo tiempo. Un dato abierto es información que puede ser leída, procesada y reutilizada por cualquier persona o máquina, sin restricciones de formato ni de licencia. Un PDF escaneado con el presupuesto federal es "información pública". Un archivo CSV descargable con esos mismos números es un dato abierto. Solo el segundo permite el periodismo de datos, la auditoría ciudadana y el desarrollo de herramientas que hagan ese conocimiento accesible a quien no sabe programar.
El portal datos.gob.mx —activo como repositorio federal— concentra miles de conjuntos de datos de la Administración Pública Federal: contratos, nóminas, licitaciones, padrón de beneficiarios de programas sociales, registros del INEGI. En teoría, cualquier persona puede descargar esa información y cruzarla o publicarla. En la práctica, la calidad y actualización de esos datasets varía enormemente según la dependencia que los publica. Que exista el portal no garantiza que los datos sirvan.
La nueva Ley General de Transparencia
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, vigente desde el 21 de marzo de 2025, establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados —más de ocho mil entidades que reciben recursos públicos— es pública por defecto. Eso incluye contratos, nóminas, presupuestos, licitaciones y resultados de evaluaciones sobre los propios programas de gobierno. El mandato es amplio. Los vacíos también lo son.
Ni la nueva ley ni la anterior obligan a publicar en formatos reutilizables. Un sujeto obligado puede "cumplir" su obligación de transparencia entregando un PDF sin estructura o un documento escaneado. Técnicamente es información pública; prácticamente es inutilizable para cualquier análisis sistemático. La Política de Datos Abiertos de la APF intentó corregir esto hasta 2024. La nueva arquitectura institucional no tiene un mandato equivalente.
Cómo encontrar lo que el gobierno sí publica
Tres portales concentran la mayor parte del material utilizable: datos.gob.mx para datos federales en formatos abiertos; el INEGI para estadística oficial —demografía, economía, geografía—; y la Plataforma Nacional de Transparencia para hacer solicitudes de acceso a la información ante cualquier dependencia federal. Organizaciones como Data Cívica, R3D y PODER han documentado metodologías para extraer y analizar esos datos, con guías de acceso públicas.
Los datos abiertos no son un favor del Estado: son una obligación legal que la mayoría de los gobiernos cumple en papel y evade en la práctica. El problema no es que la información no exista. Es que existe en formatos que nadie puede usar, custodiada por instituciones que ahora responden al mismo poder que deben vigilar.
El mecanismo más poderoso sigue siendo la solicitud de acceso a la información, presentable vía la Plataforma Nacional de Transparencia. Permite pedir información específica con plazos legales de respuesta —no solo lo que el gobierno decidió publicar voluntariamente. Pero ese mecanismo depende de que exista una autoridad garante con facultades reales para resolver los conflictos cuando el gobierno se niega a entregar.
El retroceso de 2025: cuando el árbitro desaparece
El 20 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados aprobó con 321 votos a favor el dictamen que extinguió formalmente el INAI y expidió la nueva Ley General de Transparencia. El 21 de marzo las leyes entraron en vigor, según Santamarina+Steta. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno absorbió más del 80% de las funciones del instituto, y un nuevo órgano desconcentrado llamado "Transparencia para el Pueblo" quedó a cargo de resolver los recursos ciudadanos.
La diferencia estructural es la que importa: el INAI era un organismo constitucional autónomo. "Transparencia para el Pueblo" depende jerárquicamente del Ejecutivo federal. Según el análisis de R3D publicado el 21 de marzo de 2025, la reforma elimina tres garantías concretas: las facultades para interponer acciones de inconstitucionalidad cuando se detectara legislación que afectara el derecho de acceso; la obligación de los sujetos obligados de elaborar y reponer información que debería estar en su poder; y los criterios de independencia y experiencia especializada para integrar los organismos garantes. Además, el artículo 112 de la nueva ley incorpora "paz social" y "daños al interés del Estado" como causales para reservar información —términos lo suficientemente vagos como para justificar casi cualquier negativa.
Las consecuencias ya son medibles en otro terreno. Según reportó Proceso en marzo de 2026, la extinción del INAI bloqueó el acuerdo entre México y Europol para intercambiar datos de inteligencia criminal. La Unión Europea exige como condición para ese tipo de acuerdo que el país contraparte tenga una autoridad independiente de protección de datos. México ya no la tiene. Brasil y Ecuador firmaron sus acuerdos con Europol en 2025. México no ha podido ni iniciar negociaciones formales.
La siguiente frontera: transparencia algorítmica
Mientras México retrocede en transparencia institucional, el debate internacional ya avanzó al siguiente nivel. El 11 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo de España dictó la sentencia 1119/2025 —el caso BOSCO— en la que reconoció por primera vez el derecho de acceso al código fuente de una aplicación gubernamental. BOSCO es el sistema que determina automáticamente quién califica para el bono social eléctrico en España. La Fundación Civio había demostrado que excluía sistemáticamente a beneficiarios legítimos. Tras siete años de litigio, el Supremo resolvió que auditar el código fuente de un algoritmo que toma decisiones sobre derechos sociales es una concreción del derecho constitucional a la información.
En México, R3D publicó en noviembre de 2025 el informe "Transparencia algorítmica: Obligaciones de Derechos Humanos en las Decisiones Automatizadas", donde documenta las debilidades del marco jurídico mexicano y analiza los sistemas predictivos que ya opera el Estado en programas sociales y seguridad pública. La conclusión es directa: no existe en México ni la institución ni el mandato legal para auditar esos algoritmos. La nueva Ley General de Transparencia no menciona explícitamente a la inteligencia artificial, lo que convierte cualquier decisión automatizada del gobierno en zona gris.
Si no existe el derecho de auditar los algoritmos del Estado, los datos abiertos son solo el preludio de una opacidad más sofisticada: la que no se ve porque no tiene cara humana.
España pudo litigar siete años hasta que un tribunal le ordenó al Estado abrir su código porque tenía una institución independiente de transparencia funcionando. México eliminó la institución que hubiera podido plantear ese mismo litigio. No es que el problema algorítmico llegue después. Llegó exactamente cuando se desarmó la única herramienta que podría haberlo enfrentado.
El argumento de fondo
La opacidad evoluciona junto con la tecnología. En los años noventa, el problema era que los archivos físicos no eran accesibles. En los dos mil, que los formatos digitales eran inutilizables. En los diez, que los portales existían pero los datos estaban desactualizados. Hoy, el frente está en los algoritmos: sistemas que toman decisiones sobre pensiones, subsidios y seguridad pública sin que exista obligación de explicar cómo funcionan ni autoridad capaz de exigirlo.
México no está rezagado por falta de capacidad técnica. datos.gob.mx existe. El INEGI produce estadística de calidad. Hay periodistas y organizaciones civiles con la sofisticación necesaria para usar esos datos. El rezago es institucional: se desarmó el árbitro justo cuando el juego se volvía más complejo. Eso no es un error de cálculo. Es una decisión política cuyos costos ya se miden: desde el periodista que no puede ejercer su derecho de acceso, hasta la sala de negociaciones con Europol donde México no puede sentarse.
