Desde enero de 2025, el Decreto Plan México da la misma deducción —41% a 91%— a cualquier estado, sector o nacionalidad. La ventaja real para atraer un data center para entrenar o correr modelos de IA ya no la decide un gobernador: la decide una aduana federal, el Recinto Fiscalizado Estratégico.
El mismo decreto para los 32 estados
El 21 de enero de 2025, el Diario Oficial de la Federación (DOF, el boletín donde el gobierno mexicano publica sus leyes y decretos) publicó el Decreto que otorga estímulos fiscales para apoyar la estrategia nacional "Plan México". El beneficio aplica en los 32 estados por igual, sin distinción de sector industrial ni de origen nacional o extranjero de la empresa, según el propio texto publicado en el DOF. El estímulo consiste en deducir de manera inmediata entre 41% y 91% del valor de una inversión nueva en activo fijo realizada en México durante 2025 y 2026 (35% a 89% para las inversiones de 2027 a 2030), en lugar de depreciarla de forma gradual a lo largo de varios años, como marca normalmente la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El decreto no llegó de la nada: sustituyó al esquema anterior de incentivos para la industria exportadora, publicado el 11 de octubre de 2023 y modificado el 24 de diciembre de 2024, que sí distinguía por sector. Ese cambio importa porque, hasta 2024, cada estado con proyectos de nearshoring podía competir con condiciones fiscales locales adicionales a las federales. Desde 2025, el piso fiscal más grande que puede ofrecer México es idéntico para cualquier entidad, así que Querétaro, Nuevo León o Jalisco ya no tienen margen para diferenciarse entre sí en ese terreno específico.
El decreto trae, además, un segundo estímulo menos citado: una deducción adicional equivalente al 25% del incremento en el gasto de capacitación o innovación, vigente también de 2025 a 2030, según consta en el propio texto del DOF. El monto total que la Federación autorizará bajo este esquema tiene un techo de 30 mil millones de pesos durante toda la vigencia del decreto, de los cuales 28,500 millones se destinan al estímulo de activo fijo y 1,500 millones al de capacitación e innovación —con al menos mil millones reservados para MIPYMES—. Es, otra vez, un tope nacional único: ningún estado puede ampliarlo ni negociar una porción mayor para su territorio.
El dato que nadie tiene
Si el ISR ya no distingue, ¿en qué compite realmente un estado por un data center? En un régimen aduanero mucho menos conocido que un decreto fiscal: el Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), que permite introducir mercancía extranjera a un inmueble autorizado sin pagar impuestos al comercio exterior mientras permanece dentro de él. Según información oficial de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ese plazo de permanencia es de hasta 60 meses para mercancía en general, frente a un máximo de 24 meses en un recinto fiscalizado ordinario, de acuerdo con el análisis de la operadora logística Altamira Multimodal.
No existe una cifra oficial y pública que diga cuántos RFE operan hoy en el país. Jorge Viñals, director ejecutivo de la consultora Spirit for All, declaró en octubre de 2024 al medio Mexico Industry que "se estiman más de 40 RFE en el país", y mencionó proyectos nuevos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Apodaca, Nuevo León —el mismo estado que ya cubrimos en esta serie por su infraestructura de datos—. Otras fuentes del sector logístico citan cifras bastante más altas, sin metodología pública verificable detrás. Esa dispersión de números es, en sí misma, evidencia de que no hay transparencia sobre cuántos recintos existen ni sobre cuántos de los 34 data centers ya documentados en Detrás del Prompt operan dentro de uno.
Desde 2025, cualquier estado mexicano puede ofrecerle a un data center el mismo descuento fiscal. Solo unos cuantos pueden ofrecerle una aduana.
El mecanismo real detrás de la ventaja
Un RFE no es una política que un gobierno estatal pueda decretar por su cuenta. Requiere un inmueble específico habilitado por el SAT y una autorización que la ANAM otorga caso por caso, conforme a los artículos 135-A a 135-D de la Ley Aduanera. Un estado puede ofrecer terreno, conectividad de fibra o capacidad eléctrica —los factores que sí compiten entre gobiernos—, pero la autorización aduanera final depende de un trámite federal, no de una decisión del gobernador en turno ni de su presupuesto estatal. Es la diferencia entre bajar una tasa predial en campaña y conseguir que la Federación abra, dentro de tu territorio, una aduana con reglas propias.
El RFE no es solo un diferimiento de impuestos: también trae beneficios operativos que ningún estado puede replicar por su cuenta, porque dependen del mismo trámite federal. De acuerdo con información de firmas especializadas en comercio exterior, un RFE permite despachar mercancía ante cualquier aduana, incluso en día y hora inhábil, y no exige una superficie mínima de terreno para obtener la autorización —a diferencia de otros esquemas que sí piden un estudio de viabilidad económica avalado por Banobras—. Ese paquete de facilidades administrativas es, en la práctica, la diferencia entre un parque industrial genérico y uno que puede venderse como plataforma logística para comercio exterior.
La reforma de noviembre aprieta el control, no lo afloja
El 19 de noviembre de 2025, el DOF publicó una reforma a la Ley Aduanera que entra en vigor el 1 de enero de 2026 y que modifica justamente el régimen del RFE. La reforma elimina la exención de derechos que tenían los administradores de un recinto: ahora deberán pagar mensualmente el 5% de los ingresos brutos que obtengan por sus servicios de manejo, almacenaje y custodia. También exige sistemas de videovigilancia, control de inventarios y trazabilidad en tiempo real interoperables con la autoridad aduanera, y prohíbe que quien administra un recinto —o tenga vinculación comercial con él— solicite también la autorización para operarlo, según el propio decreto publicado en el DOF.
El mensaje de esta reforma es el opuesto al que suele venderse en foros de inversión estatales. La Federación está endureciendo el control sobre el mecanismo que de verdad diferencia a un estado, no soltándolo ni delegándolo. Mientras el ISR se volvió parejo para los 32 estados, el régimen aduanero que sí genera una ventaja competitiva se volvió, once meses después, todavía más centralizado.
Lo que cambia para los seis estados ya cubiertos
Cada instalación que hemos documentado en esta serie compitió con un argumento distinto: Querétaro con una exención ambiental, Nuevo León con una concesión heredada, Jalisco con su red eléctrica, además de los factores de infraestructura hídrica que ya cubrimos al analizar el registro REPNA. Ninguno de esos argumentos depende de un decreto fiscal ni de la Ley Aduanera —son ventajas locales genuinas, negociadas estado por estado—. Pero si un proyecto necesita mover equipo de cómputo bajo un esquema de diferimiento aduanero, el filtro del RFE puede haber pesado antes que cualquiera de esas otras condiciones, y ese filtro casi nunca aparece en los comunicados de prensa de ningún gobierno estatal. Es un factor que se decide meses o años antes de que un gobernador corte un listón, en las oficinas de la ANAM y no en un palacio de gobierno.
Lo que un gobernador anuncia en campaña, la aduana federal ya lo había decidido antes.
Una ventaja que no cabe en un boletín de prensa
La "carrera fiscal" entre estados que cada gobierno presume en sus conferencias ya no existe en el ISR: ahí todos corren bajo el mismo decreto, con los mismos porcentajes. Lo que sigue siendo desigual —y lo que de verdad decide dónde se instala un proyecto de infraestructura de cómputo— es un trámite aduanero autorizado en la Ciudad de México, no una promesa de campaña estatal ni una tasa predial recortada. La competencia entre estados no desapareció: simplemente se mudó a un terreno donde ningún gobernador tiene ya la última palabra.
