La pregunta "¿alcanza la electricidad para la IA en México?" está mal planteada. No es un problema de cables: es un problema de ley. Y esa ley cambió en marzo de 2025, justo cuando la industria de cómputo apostaba su modelo al viejo marco.
Cada estado peleó su propio cuello de botella eléctrico
Esta serie ya documentó tres versiones del mismo apretón. En Jalisco, la saturación de las subestaciones. En el Estado de México, la disputa por la capacidad de la red. En Yucatán, la fragilidad de una península mal interconectada. Los tres casos comparten un supuesto que ninguno cuestiona: que el problema es técnico —un ducto, una línea, un transformador que falta.
El diagnóstico técnico no es falso, pero es incompleto. Un centro de datos enfocado en cargas de inteligencia artificial puede demandar entre 50 y 100 megawatts por instalación, según reportó Expansión en mayo de 2026 a partir del foro Data Center Day. A esa escala, ninguna subestación resuelve el problema sola: la pregunta deja de ser cuánta luz cabe en el cable y pasa a ser otra, más incómoda, que ningún gobierno estatal puede contestar.
Hay además un desfase que agrava el cuadro. La consultora Miriam Grunstein, de Brillant Energy Consulting, advirtió en ese mismo foro que existe una brecha entre las licitaciones para generar electricidad y el fortalecimiento de las redes para transportarla. Se puede autorizar una planta y aun así no tener cómo llevar esos megawatts hasta el centro de datos. Construir generación y construir transmisión corren en dos calendarios distintos que hoy no embonan, y esa distancia no se cierra con voluntad estatal.
El dato que nadie tiene
Aquí conviene una declaración de honestidad. No existe una cifra pública que cruce cuánta de la nueva generación privada autorizada después de 2025 está destinada específicamente a cómputo o a IA. No es que el número esté escondido: no se ha construido. Los planes federales hablan de megawatts totales; los proyectos privados hablan de sus propias necesidades; nadie publica el cruce entre ambos que permitiría saber cuánta electricidad del país se está reservando para entrenar y operar modelos.
Esa ausencia importa porque, sin ese dato, cada estado negocia a ciegas. Vender un territorio como "hub de cómputo" sin saber cuánta generación privada quedará disponible para esa carga es firmar un cheque sobre una cuenta que nadie ha auditado. La serie Detrás del Prompt lo señala no para alarmar, sino para marcar el límite exacto de lo que hoy se puede afirmar con datos.
La causa no está en un cable, está en una ley
El 18 de marzo de 2025 se promulgó la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE), vigente desde el 19 de marzo, que abrogó la Ley de la Industria Eléctrica de 2014. Así lo confirman los análisis de despachos como Jones Day, Garrigues y Norton Rose Fulbright. La diferencia entre ambas leyes no es de matiz: es de dirección.
La ley de 2014, de acuerdo con Norton Rose Fulbright, abrió la puerta a miles de gigawatts-hora de generación privada, sobre todo en fuentes renovables. La de 2025 volvió a acotar esa puerta. Su pieza central es la llamada prevalencia del Estado: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe mantener al menos el 54% del promedio de la energía inyectada a la red en cada año calendario. Si los privados exceden ese margen, la Secretaría de Energía puede instruir proyectos de CFE para restaurar el mínimo estatal, según detalla el reglamento publicado en octubre de 2025 y reseñado por Holland & Knight.
El segundo cambio pega directo en el modelo de los centros de datos: el autoconsumo, que es la generación de electricidad que una empresa produce para satisfacer sus propias necesidades en sitio. La LSE lo redefinió como la producción de centrales con capacidad igual o mayor a 0.7 MW destinada al titular del permiso, y —según el análisis de Garrigues— eliminó la posibilidad, que sí existía en el esquema anterior de "abasto aislado", de destinar esa energía al grupo de interés económico del titular. La generación distribuida sin permiso subió su tope de 0.5 a 0.7 MW. Traducido: el mecanismo con el que una empresa intensiva en electricidad pensaba autoabastecerse quedó más chico y más vigilado.
El caso ya apareció en esta serie. Nuevo León alberga Oroma Technology Park, en Linares, un desarrollo de 208 hectáreas concebido como "fábrica de IA". Su apuesta energética, según declaró a Reforma su Business Partner Iván Bretón, no es prescindir de CFE, sino armar un esquema híbrido: combinar la comisión estatal, el mercado eléctrico mayorista y generación propia con gas y energía eólica. Es exactamente el tipo de arreglo que la nueva ley redefine —y por eso el proyecto depende menos de un transformador que de cómo se interprete el reglamento.
En 2014, una ley abrió la puerta para que un privado generara su propia electricidad sin depender de CFE. En 2025, otra ley volvió a entornarla — justo cuando la industria de cómputo empezaba a cruzarla.
Dos discursos que no se hablan entre sí
Aquí está la contradicción que sostiene todo el tablero. La misma Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, presentada por el gobierno federal en noviembre de 2024, que reafirma el 54% de control estatal, también contempla hasta 9,000 millones de dólares de inversión privada y una participación privada del 46% en la generación, con un aporte de entre 6,400 y 9,550 MW de energía limpia hacia 2030. El plan total ronda los 23,400 millones de dólares.
El propio esquema con el que el gobierno invita al capital privado deja clara la jerarquía. La estrategia federal creó la figura de los productores mixtos: proyectos de generación en los que CFE debe conservar una participación de al menos el 54% y un derecho de preferencia para comprar la energía producida, según describen los análisis de Norton Rose Fulbright y Greenberg Traurig. El privado pone el capital; el Estado conserva el control y la primera opción sobre lo generado. No es una puerta cerrada, pero tampoco es la que se prometió en 2014.
Son dos mensajes que conviven sin mirarse. Uno le dice al capital privado "invierte, hay 46% de mercado para ti"; el otro le recuerda que el Estado tiene la última palabra y puede corregir el reparto cada año. Para un banco que financia un centro de datos a diez años, esa doble señal no es un detalle retórico: es la diferencia entre un modelo financiero que cierra y uno que no.
Lo que esto cambia para los tres estados ya cubiertos
Si la restricción de fondo no es solo la subestación de Jalisco, la red del Estado de México o la interconexión de Yucatán, sino quién tiene permitido generar electricidad y bajo qué condiciones venderla, entonces la promesa que repite cada gobierno estatal —"vamos a construir más plantas"— cuelga de una ley federal que ninguno de esos estados controla.
Un gobernador puede acelerar permisos, ofrecer terreno y presumir agua. Lo que no puede es cambiar el porcentaje que la Constitución y la LSE reservan a CFE, ni ampliar por decreto local el alcance del autoconsumo. La competencia entre estados por atraer cómputo se juega, en buena parte, sobre una cancha cuyas reglas se escriben en la Ciudad de México y se recalculan cada año calendario.
La puerta que una ley abrió y otra volvió a entornar
El giro estatista de 2025 no es aquí un juicio moral ni una derrota: es un hecho regulatorio con fecha exacta. Lo relevante es el tiempo. La mayoría de los proyectos de centros de datos que hoy se anuncian en México fueron concebidos bajo la lógica de la ley de 2014 —la que premiaba la generación privada— y entrarán en operación bajo la de 2025, la que la volvió a acotar.
Ahí queda la tensión, sin resolver. México construyó su promesa de convertirse en hub de cómputo sobre un marco legal que ya había empezado a cambiar antes de que la mayoría de esos proyectos encendieran su primer servidor: ¿se edificó el plan sobre una puerta que, para cuando la industria terminara de cruzarla, ya se estaba cerrando a sus espaldas?
