Querétaro tuvo que inventar una ley para que sus data centers no reportaran su consumo de agua. Nuevo León no necesitó ninguna: heredó un sistema de concesiones de décadas que ya demostró, en la sequía de 2022, que cederle agua a la ciudad es voluntario, nunca obligatorio.
El giro de Linares
La fuga de talento técnico en Linares fue, durante años, un problema silencioso. Egresados de universidades tecnológicas locales —el Instituto Tecnológico de Linares, la Universidad Tecnológica de Linares— sin trabajo en su propio municipio, migrando a Monterrey o a Estados Unidos porque la industria del sur de Nuevo León llevaba décadas estancada. Eso es lo primero que reconoce Héctor Santos, socio de negocios de Oroma Technology Park, al hablar del parque industrial que hoy se promociona como el primer "AI Fabric" de México y América Latina, según declaraciones recogidas por Reforma en octubre de 2025.
El giro no vino de una estrategia digital, sino de una casualidad energética. Según el mismo reportaje, los desarrolladores viajaron a las empresas de semiconductores en San Francisco y descubrieron que Linares tenía algo que escasea en el resto del país: acceso a gas natural suficiente para generar electricidad propia. Ese hallazgo transformó un parque industrial de 208 hectáreas, concebido originalmente para logística, en un polo dedicado a data centers e inteligencia artificial.
El dato que nadie audita
El sitio oficial de Oroma Park anuncia una capacidad energética planeada de 1,500 megawatts, combinando generación privada y suministro de la Comisión Federal de Electricidad. Esa cifra —como casi todo lo que se sabe hoy sobre el consumo real del parque— proviene únicamente de la propia empresa. No hay una dependencia estatal o federal que la contraste de forma independiente todavía, porque el proyecto sigue en construcción y no hay legislación específica sobre data centers en México.
Un censo gremial de la Asociación Mexicana de Data Centers, publicado en un reporte de N+ en septiembre de 2025, contabiliza apenas 4 centros de datos operando en Nuevo León, frente a 14 en la ciudad de Querétaro, 10 más en la zona metropolitana de Querétaro, 3 en Jalisco y 2 en Yucatán. En conjunto, esos centros suman una capacidad máxima de 250 megawatts a nivel nacional —una fracción de lo que Oroma Park proyecta por sí solo. Nuevo León todavía es un actor menor en el mapa de la industria. La pregunta no es si ya acapara recursos a gran escala —no lo ha hecho—, sino qué sistema legal va a heredar cuando crezca.
El mecanismo — y por qué no es el de Querétaro
Querétaro necesitó una ley estatal nueva, la llamada "Ley Kuri" de 2022, para que sus data centers quedaran exentos de presentar manifestación de impacto ambiental. Nuevo León no tuvo que legislar nada parecido. El estado ya operaba, desde antes de que la IA llegara, bajo un esquema de concesiones de pozos industriales regulado por la Ley de Aguas Nacionales de 1992 —una ley que, según ha documentado el propio periodismo especializado en agua, ni siquiera contempla el concepto de "sobreexplotación" como causal para cancelar permisos.
Ese mecanismo ya fue puesto a prueba antes de que llegara cualquier data center. El 12 de julio de 2022, la Comisión Nacional del Agua publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de emergencia por sequía que autorizaba a los titulares de concesiones industriales y agrícolas a ceder agua a terceros de forma provisional o a suspender temporalmente sus derechos, durante la emergencia. El texto oficial usa el verbo "podrán", no "deberán". Fue, desde su origen, una salida discrecional, no una obligación —y esa discrecionalidad es exactamente lo que la industria tecnológica hereda hoy sin haber tenido que negociar nada.
Querétaro necesitó una ley nueva para que la IA no reportara su consumo de agua. Nuevo León no necesitó ninguna: el mecanismo ya existía desde antes de que la IA llegara a usarlo.
2022 no se fue a ningún lado
La crisis hídrica de Monterrey de 2022 ya demostró, con datos oficiales, cómo opera ese sistema en la práctica. El 24 de marzo de ese año, el entonces director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, informó que la presa Cerro Prieto estaba al 7.5% de su capacidad y La Boca al 14.2%, mientras la ciudad iniciaba cortes de suministro doméstico por colonia. Al mismo tiempo, reconoció que la iniciativa privada usaba el 54% del agua del acuífero de Monterrey —y que a esas empresas no se les cortaría el servicio, porque operan bajo concesiones de pozos, no bajo el sistema urbano de Agua y Drenaje.
Los montos concesionados a empresas específicas, documentados por Greenpeace México con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, dan dimensión al desequilibrio: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma —filial de la holandesa Heineken— tenía una concesión de 6,980,000 metros cúbicos anuales; los productos Coca-Cola, 2,080,111 metros cúbicos; y Topo Chico, 1,210,000 metros cúbicos. Esas concesiones, cuando derivaron en cesiones a la red pública, fueron gestos de relaciones públicas, no obligaciones legales.
Ninguna de esas tres empresas es, por supuesto, una empresa de inteligencia artificial. Y ese es precisamente el punto: el esquema de concesiones que hoy hace posible la llegada de data centers a Nuevo León no fue diseñado pensando en la IA, ni en ninguna industria tecnológica. Fue diseñado en 1992 para cerveceras, embotelladoras, siderúrgicas y agricultura de exportación, y lleva más de tres décadas sin una reforma de fondo que le exija a un titular de concesión rendir cuentas más allá de un reporte anual al Registro Público de Derechos de Agua. La industria que llega ahora a Nuevo León —incluida la de los data centers— no crea ese desequilibrio. Simplemente hereda un sistema que ya lo normalizó, y que ya demostró en 2022 que puede sostenerse incluso cuando las presas de la ciudad están prácticamente secas.
La energía como segunda fuga
Lo que sí distingue a Oroma de la crisis de 2022 es que no se limita a pedir agua del sistema existente: busca generar su propia electricidad al margen de la red pública de CFE. Esa capacidad de autosuficiencia energética —gas natural, mercado eléctrico mayorista, generación privada— convierte al parque en algo más que un consumidor industrial más. Lo vuelve, en la práctica, un sistema paralelo.
La infraestructura eléctrica de Linares ya venía quedándose corta antes de que llegara Oroma. Hace más de una década, el gobierno estatal, a través de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, coordinó con CFE una ampliación de la capacidad de media tensión del municipio de 30 a 45 megawatts —una cifra pensada para las siderúrgicas y las empacadoras de alimentos que ya operaban ahí, no para una industria que hoy planea 1,500 megawatts en el mismo corredor. La brecha entre esa infraestructura heredada y la escala del proyecto actual es, en sí misma, la razón por la que Oroma necesita generar su propia electricidad: no es solo una preferencia de autosuficiencia, es una respuesta a que la red pública local no fue diseñada para esta demanda.
Aquí está el ángulo que normalmente se pasa por alto en las coberturas sobre IA y recursos naturales: el riesgo no es que la industria "acapare" agua o energía como cualquier otro consumidor grande. El riesgo real es que se vuelva tan autosuficiente en ambos recursos que deje de ser medible por el mismo aparato público —Conagua, CFE, las dependencias estatales— que audita, aunque sea de forma imperfecta, a todos los demás. Un consumidor dentro del sistema público, por más privilegiado que esté, sigue dejando un rastro de datos oficiales. Un consumidor que construye su propio circuito de agua y energía no tiene por qué dejar ninguno.
El mecanismo no se inventó, ya estaba ahí
Todavía no hay evidencia de que Oroma Technology Park esté extrayendo agua o generando electricidad a una escala comparable con la crisis de 2022. El proyecto sigue en construcción y las únicas cifras disponibles sobre su capacidad futura provienen de la propia empresa, no de una fuente pública independiente. Eso, en sí mismo, ya es el punto: el mecanismo legal que permitiría a esta industria operar sin reportarle a nadie más que a sí misma no tuvo que inventarse. Estaba ahí desde 1992, reforzado en 2022, esperando a su próximo inquilino.
La pregunta que queda abierta no es si la industria de la IA va a comportarse mejor o peor que la cervecera o la refresquera que la precedieron en el mismo esquema de concesiones. Es si, cuando construya su propio suministro de agua y su propia planta de energía, seguirá siendo alguien a quien se le pueda pedir cuentas —o si simplemente dejará de aparecer en los registros que hoy, con todas sus fallas, aún existen.
