México va a revisar más de 500 mil concesiones de agua. El nuevo registro promete transparencia total sobre quién extrae qué. El problema: un centro de datos casi nunca extrae agua directamente, la compra a la red municipal, y ese contrato queda fuera de lo que este instrumento audita.
El registro que nadie termina de leer
Desde 1992, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) ha sido la ventanilla donde el Estado mexicano anota quién tiene permiso para extraer agua de un pozo, un río o una presa. Es, en teoría, el mapa completo del reparto hídrico del país. En la práctica, décadas sin una reforma de fondo lo convirtieron en una base de datos que acumula títulos sin verificar si la extracción real coincide con lo concesionado. Ese mismo registro fue la fuente que expuso, en el reportaje de GlitchMentalMX sobre Nuevo León, las concesiones industriales heredadas de la ley salinista de 1992 que hoy comparten cuenca con el primer "AI Fabric" del país.
El REPDA nunca fue diseñado pensando en un consumidor como un centro de datos. Fue diseñado para cerveceras, embotelladoras, siderúrgicas y agricultura de exportación —los mismos sectores que según reconoce el propio Programa Nacional Hídrico (PNH) 2026-2030, concentran más del 76% del agua concesionada a nivel nacional. La infraestructura digital nueva no aparece ahí porque, en la mayoría de los casos documentados hasta ahora, no tiene una concesión de extracción propia: paga por metro cúbico a un organismo operador municipal, un tipo de contrato que ningún registro federal de concesiones está obligado a cruzar.
REPDA se muere, nace REPNA
El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, vigente a partir del día siguiente. Entre sus cambios estructurales, la reforma sustituye el REPDA por el Registro Público Nacional del Agua (REPNA) —un registro con actualización continua, verificación operativa y mayor trazabilidad sobre quién tramitó cada título—. Cinco meses después, el 18 de mayo de 2026, el gobierno publicó en el DOF el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, que convierte esa reforma legal en una hoja de ruta con cinco objetivos y 75 líneas de acción, entre ellas la revisión general de los títulos vigentes.
El diagnóstico que acompaña al programa no es menor: 104 de las 757 cuencas del país presentan problemas de disponibilidad, 286 acuíferos ya no tienen reservas suficientes, y el Valle de México registra una presión hídrica superior al 128%, según el propio PNH 2026-2030 citado por El Financiero. Es el contexto que justifica, en el discurso oficial, la urgencia de saber exactamente quién tiene derecho a qué.
Lo que audita el nuevo registro (y lo que no)
Aquí está la distinción que sostiene todo el artículo: una concesión federal audita extracción directa —perforar un pozo, desviar un río—, mientras que un contrato municipal de agua potable audita el consumo de quien se conecta a la red que ya existe. El REPNA, como su antecesor, pertenece al primer mundo. La mayoría de los centros de datos que operan hoy en México, salvo los que perforan pozos propios, pertenecen al segundo.
El director de Conagua, Efraín Morales López, ha repetido en distintas conferencias matutinas desde septiembre de 2025 que el proceso revisará 536 mil títulos de concesión, una cifra que no coincide de forma exacta con los "más de 500 mil títulos" que menciona el texto del PNH 2026-2030. Es una discrepancia menor entre dos fuentes oficiales del mismo gobierno, y ninguna de las dos resuelve la pregunta de fondo: ningún título de concesión existe para un data center que solo abre la llave municipal.
México va a revisar 500 mil concesiones de agua en los próximos años, pero ese registro nunca preguntó cuánta agua bebe un centro de datos por la llave municipal.
El punto ciego que hereda de sus tres antecesores
Ningún mecanismo documentado hasta ahora en esta serie de artículos de GlitchMentalMX, depende de una concesión federal directa que el REPNA vaya a tocar. La Ley Kuri de Querétaro exime a los data centers de reportar impacto ambiental —un problema de clasificación regulatoria, no de registro de extracción—. El esquema de Nuevo León hereda concesiones industriales de 1992 que ya existían antes de que llegara cualquier proyecto de IA. Y en Sonora, el silencio no está en un registro de agua, sino en el hecho de que la narrativa oficial solo publica los megawatts, no los hectómetros cúbicos. Tres mecanismos distintos, tres puntos ciegos distintos, y ninguno se resuelve con un registro más estricto de concesiones de extracción.
Quién sí va a aparecer en la lista de 500 mil (y quién no)
El patrón de fiscalización que Conagua ha hecho público hasta ahora confirma hacia dónde apunta el nuevo aparato. Según cifras difundidas por Efraín Morales en marzo de 2026, la dependencia había realizado 7,614 inspecciones de campo, con 1,006 clausuras y suspensiones desde la entrada en vigor de la reforma en diciembre de 2025 —los casos expuestos son pozos agrícolas usados para vender agua en pipas, concesiones "fantasma" en acuíferos de Chihuahua y adeudos empresariales por cerca de 12 mil millones de pesos—. Ese mismo esfuerzo de recaudación por derechos de agua pasó de 3,500 millones de pesos en 2025 a una meta de 6,300 millones para 2026, según la propia Conagua.
Es un aparato de fiscalización real, dirigido con evidencia hacia agroindustria, embotelladoras y perforación ilegal. No hay, hasta ahora, un solo caso público de un centro de datos apareciendo en esa lista —lo cual es consistente con la tesis, no una omisión periodística: si su consumo entra por un contrato municipal, el REPNA simplemente no es el instrumento diseñado para verlo.
Cabe una precisión adicional para que el término no quede suelto: el REPNA es, en esencia, el sucesor del REPDA, el catálogo público donde constan los títulos de concesión y asignación de agua nacional. Su función central es la misma —dar certeza jurídica sobre quién puede extraer agua y cuánta—, solo que con controles más estrictos sobre esa extracción directa.
Un registro de extracción frente a un consumo que es contractual
La auditoría hídrica más ambiciosa en tres décadas puede terminar por capturar prácticamente todo —agricultura, industria tradicional, huachicoleo de agua en pipas— excepto exactamente el sector que motivó la pregunta original. No por negligencia del regulador, sino porque el instrumento fue diseñado para un tipo de relación con el agua —la extracción— que no es la que define, hasta ahora, a la mayoría de los centros de datos que operan en México.
¿Puede un registro construido para auditar lo que se extrae del subsuelo regular a una industria cuya relación con el agua es, sobre todo, la de cualquier otro cliente conectado a la tubería municipal?
